Los riesgos no dichos de la ley de “amarre”

Columna de opinión publicada en El Mercurio de Antofagasta, 30 de diciembre del 2025.

Si revisamos la cultura política chilena, es posible advertir que muchas contrataciones
realizadas por los últimos gobiernos han respondido a criterios de confianza política, afiliación
partidaria, amistad o parentesco con figuras del mundo político. En tales casos, dichas
contrataciones no siempre han obedecido a competencia profesional, a habilidades personales ni
a la necesidad de los servicios. Esta práctica se ha extendido más allá de los cargos de exclusiva
confianza, instalando funcionarios que aún están en cargos directivos, jefaturas y funciones
profesionales y técnicas, contribuyendo a dividir, al interior de las instituciones públicas, a los
equipos de trabajo entre funcionarios identificados con la izquierda y con la derecha.
Si consideramos estudios como el tercer Estudio Nacional de Polarizaciones, elaborado por
la Corporación 3xi y Criteria, y el estudio preelectoral del Comparative National Elections Project
de la U. Adolfo Ibáñez (ambos publicados en noviembre de 2025), se evidencia un aumento
sostenido de la polarización política en el país. En particular, se observa un mayor distanciamiento
entre las imágenes que cada grupo construye del otro, “manteniéndose la tendencia de la
izquierda a sobredimensionar las opiniones de la derecha y de la derecha a subestimar las
opiniones de la izquierda”. Este fenómeno se traduce, en la práctica, en una menor disposición al
diálogo entre personas con posturas opuestas y en un deterioro del reconocimiento y valoración
del colega considerado “rival” dentro de las oficinas públicas.
En este contexto, resulta urgente advertir que mantener durante el gobierno de Kast a
funcionarios que fueron contratados por el gobierno de Boric, ambos ideológicamente opuestos,
no es recomendable, porque pone en riesgo la vida y salud mental de los propios funcionarios, al
generar o profundizar un clima laboral hostil en las instituciones del Estado, que se manifestaría
en riesgos psicosociales laborales, tales como: silencio y aislamiento preventivo de funcionarios
para evitar conflictos, producto de la generación o profundización de un entorno de “sospecha
permanente”; deterioro de las relaciones interpersonales que dificultaría el trabajo en equipo;
formación de bandos al interior de las instituciones; acoso laboral ascendente para evitar el
cumplimiento de metas; incremento de denuncias por acoso laboral –fundadas y falsas,
eventualmente instrumentalizadas con fines políticos-; todo ello se traduciría en aumento de
licencias médicas por estrés laboral, en ineficiencia e ineficacia del Estado y cuestionamientos a los
liderazgos, ya sea por la falta de acuerdos internos o por presiones ejercidas desde distintos
bandos. Además, es previsible que los conflictos internos de la administración del Estado sean
denunciados ante la Contraloría General de la República y el Poder Judicial, persiguiendo la
responsabilidad de las futuras autoridades, con el consiguiente riesgo de politización de la
discusión con impactos negativos en la gobernanza, en la confianza ciudadana en el futuro
gobierno y en la credibilidad del presidente electo.
Para mitigar estos riesgos se requiere la implementación de programas de cumplimiento
conductual (Behavioral Compliance) integrados a los sistemas de control interno, que incorporen
identificación y tratamiento de riesgos psicosociales, lineamientos claros de liderazgo ético,
auditorías de comportamiento, mecanismos tempranos de resolución de conflictos y monitoreo
continuo del clima organizacional, para lo cual se necesita presupuesto suficiente y voluntad
política que actualmente no se exhiben, reafirmando que un “amarre” es irresponsable con la vida
y salud mental de los propios funcionarios públicos.

Alejandra Pozo
Abogada, Mg. en Derecho

Equipo Compliance Limitada.
Miembro de la Asociación Chilena de Ética y Compliance.